El letrado Antonio García Cabrera, defensor del excomisario José Manuel Villarejo, presentó este lunes 27 de julio su informe final en el juicio de la Operación Kitchen ante la Audiencia Nacional, donde sostuvo que se trató de una operación de inteligencia legítima destinada a buscar patrimonio oculto y no una maniobra parapolicial. La defensa solicitó la absolución de su cliente, quien enfrenta 19 años de cárcel según la petición de la Fiscalía.
García Cabrera argumentó que la operación fue diseñada para localizar patrimonio oculto del extesorero del PP Luis Bárcenas e información sobre posibles testaferros, y que Villarejo cumplía órdenes del entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino. La defensa calificó a Kitchen como un caso cuasi periodístico porque nunca existió con tal nombre, atribuyendo su creación al propio Bárcenas.
Argumentos centrales de la defensa en el juicio
El letrado de Villarejo defendió que la operación Kitchen respondía a actuaciones de la Policía normales dentro del marco de inteligencia policial. Según esta versión, no existen pruebas que demuestren que se trató de una operación parapolicial destinada a sustraer documentación comprometedora para el Partido Popular o el expresidente Mariano Rajoy.
La defensa presentó como argumento central que Villarejo se limitó a seguir instrucciones de sus superiores, específicamente de Eugenio Pino, quien dirigía operaciones desde la estructura oficial de la Policía. García Cabrera sostuvo que el objetivo declarado era rastrear bienes y testaferros relacionados con Bárcenas, quien enfrentaba investigaciones por corrupción vinculadas a la trama Gürtel.
Son actuaciones de la Policía normales
El abogado defensor señaló que ninguna de las irregularidades planteadas en esta operación podría convertir una operación que inicialmente fuera lícita en ilícita, reforzando su tesis de que los procedimientos seguidos fueron conformes a derecho dentro del ámbito de inteligencia policial.
La controversia sobre grabaciones y testimonios contradictorios
Durante el juicio han surgido versiones contradictorias sobre la existencia de grabaciones comprometedoras. En 2019, Bárcenas negó en su primera declaración la existencia de grabaciones que pudieran afectar al expresidente Rajoy. Sin embargo, existe una grabación de 2013 en la que Villarejo insta a Sergio Ríos, entonces conductor de Bárcenas, a proporcionar información.
La defensa sugirió que se instó a Ríos a buscar grabaciones del extesorero, utilizando la expresión de darle al tarro para encontrar ese material. También se mencionaron referencias a información que contenía cosas brutales relacionadas con lo que identificaron como cocina, en alusión a posibles conversaciones sensibles.
El excomisario Enrique García Castaño, inicialmente vinculado a la causa, fue exonerado por motivos de salud. Según la defensa, Villarejo supo sobre información en poder de García Castaño en 2017, lo que se utilizó para reforzar la cronología de las actuaciones policiales.
El papel de Andrés Gómez Gordo y los fondos reservados
Andrés Gómez Gordo, policía que fue asesor de María Dolores de Cospedal y director general de Documentación y Análisis en Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, también enfrenta acusaciones en este caso. Gómez Gordo pagó al exconductor Sergio Ríos con fondos reservados, un hecho confirmado durante el proceso judicial.
La defensa de Gómez Gordo presentó argumentos similares a los de Villarejo, solicitando también su absolución. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Gómez Gordo por su participación en la operación. Su periodo como director en Castilla-La Mancha, cuando Cospedal presidía la comunidad autónoma, resulta clave en la cronología de los hechos investigados.
Cuestionamientos sobre la cadena de custodia de pruebas
La defensa de Villarejo denunció rupturas en la cadena de custodia de los audios intervenidos al excomisario, argumentando que estas irregularidades afectarían la validez de las pruebas presentadas por la acusación. Este cuestionamiento técnico busca debilitar el peso probatorio de las grabaciones que la Fiscalía considera fundamentales para demostrar la existencia de una operación parapolicial.
Además, la defensa solicitó que se expulsen del proceso las grabaciones aportadas por el empresario Javier Pérez Dolset, quien se encuentra investigado. También se menciona en la causa a Leire Díez, exmilitante socialista igualmente investigada, aunque no se especificaron los detalles de su vinculación en el informe presentado este lunes.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Operación Kitchen según la defensa de Villarejo?
Según la defensa, Kitchen fue una operación de inteligencia legítima de la Policía para buscar patrimonio oculto de Luis Bárcenas e información sobre testaferros, no una maniobra parapolicial para sustraer documentación comprometedora.
¿Cuántos años de cárcel pide la Fiscalía para Villarejo?
La Fiscalía solicita 19 años de cárcel para el excomisario José Manuel Villarejo por su participación en la Operación Kitchen, mientras que para Andrés Gómez Gordo pide 15 años de prisión.
¿Quiénes son los principales acusados en el juicio de Kitchen?
Los principales acusados son el excomisario José Manuel Villarejo y el policía Andrés Gómez Gordo. El excomisario Enrique García Castaño fue exonerado de la causa por motivos de salud.
El juicio de la Operación Kitchen continúa en la Audiencia Nacional tras la presentación de los informes finales de las defensas. La controversia central gira en torno a si Kitchen fue una operación de inteligencia legítima o una maniobra irregular destinada a proteger intereses políticos, con versiones contradictorias sobre grabaciones, testimonios y el uso de fondos reservados que el tribunal deberá valorar.
