El Gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado su postura respecto a los cargos públicos que enfrentan investigaciones judiciales. Mientras que en 2018 el PSOE llegó al poder estableciendo como bandera la ejemplaridad contra la corrupción, ahora la decisión de mantener o cesar a un funcionario depende de una valoración política del contenido de cada causa y no de la situación procesal en sí.
Fuentes gubernamentales reconocen que la decisión ya no depende de la imputación como tal, sino del contenido e indicios que sustenten cada investigación. Esta postura implica que Moncloa mantiene en sus puestos a la directora general de la Guardia Civil Mercedes González, al director adjunto operativo Manuel Llamas, a la gerente del PSOE Ana María Fuentes y a la presidenta de la SEPI Belén Gualda, todos bajo investigación judicial.
Del compromiso de 2018 a la flexibilización del criterio
Cuando el PSOE asumió el Gobierno en 2018, el partido situó el umbral para exigir dimisiones en la apertura de juicio oral. Este criterio representaba una postura clara: un cargo público debía apartarse de sus funciones cuando un juez considerara que existían elementos suficientes para llevar el caso a juicio.
Sin embargo, la práctica ha desplazado ese criterio inicial. Según fuentes gubernamentales, la continuidad de un cargo pasa ahora por una valoración política de la causa y no por la situación procesal. Este cambio de enfoque ha permitido que varios funcionarios permanezcan en sus puestos pese a estar siendo investigados por diferentes jueces.
La continuidad pasa a depender de una valoración política de la causa y no de la situación procesal en sí
Mercedes González, considerada de la máxima confianza de Pedro Sánchez desde hace años, está siendo investigada junto con Manuel Llamas por el juez Pedraz. Ambos permanecerán en sus puestos en la Guardia Civil mientras se desarrolla la investigación. El caso forma parte de una serie de causas judiciales que incluyen presuntas cloacas del PSOE.
La excepción incorporada en los estatutos del partido
En el Congreso Federal de Sevilla de finales de 2024, el PSOE introdujo una modificación estatutaria que formalizó este cambio de criterio. La excepción permite que un dirigente continúe en su cargo incluso tras la apertura de juicio oral si la Comisión Federal de Ética y Garantías considera que la causa responde a motivaciones políticas o lawfare.
Esta reforma estatutaria llegó poco después de que estallara el caso Koldo, que amplió el número de investigaciones judiciales que afectan al entorno del Gobierno. La nueva norma interna establece un mecanismo de evaluación caso por caso, alejándose del criterio automático que regía anteriormente.
Además de los cargos mencionados, otra veintena de funcionarios de empresas públicas están siendo investigados en diferentes causas. Entre los casos destaca que Hacienda se ha personado como perjudicada contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por joyas encontradas en su despacho.
Casos con tratamiento diferenciado
El nuevo criterio contrasta con decisiones anteriores del partido. En los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el PSOE retiró su apoyo antes de que se formalizara la imputación judicial. Esta decisión anticipada marcó una diferencia con la postura actual, donde el respaldo se mantiene incluso después de que los jueces hayan abierto investigaciones formales.
El Gobierno sostiene que no provocará ceses sin la existencia de indicios sólidos que apunten a una culpabilidad clara. Esta postura, según Moncloa, responde a la necesidad de proteger a los funcionarios de lo que denominan como un proceso de acoso y derribo judicial con motivaciones políticas.
mantener en el cargo a imputados ‘claro que desgasta’
Fuentes socialistas reconocen el desgaste político que implica esta estrategia, pero insisten en que la decisión responde a una evaluación del contenido real de cada investigación. Desde el partido se defiende la presunción de inocencia y se argumenta que los procedimientos judiciales no pueden convertirse en una herramienta para forzar cambios en el Gobierno.
El respaldo dentro del partido
A pesar del reconocimiento del desgaste político, desde las filas socialistas se mantiene el respaldo al presidente del Gobierno. Fuentes del partido aseguran que la militancia está con Pedro, lo que se interpreta como una señal de cohesión interna frente a las investigaciones judiciales.
La estrategia de Moncloa se fundamenta en distinguir entre el procedimiento judicial formal y el análisis del contenido sustantivo de cada causa. Según esta visión, la apertura de una investigación no implica necesariamente la existencia de responsabilidades penales, por lo que el cese automático de un cargo podría resultar desproporcionado.
Este enfoque también incluye a Álvaro García Ortiz, quien continúa en sus funciones a pesar de enfrentar investigaciones. La postura gubernamental establece que cada caso debe evaluarse individualmente, considerando los elementos probatorios y las circunstancias específicas de cada investigación.
Preguntas frecuentes
¿Cuál era el criterio original del PSOE sobre cargos imputados?
Cuando llegó al Gobierno en 2018, el PSOE estableció que el umbral para exigir dimisiones era la apertura de juicio oral, como parte de su compromiso con la ejemplaridad contra la corrupción.
¿Qué cambió en el Congreso Federal de Sevilla?
En finales de 2024, el PSOE introdujo una excepción estatutaria que permite a un dirigente continuar en su cargo incluso tras la apertura de juicio oral si la Comisión Federal de Ética y Garantías considera que responde a motivaciones políticas.
¿Quiénes son los principales cargos que permanecen en sus puestos pese a estar investigados?
Mercedes González como directora general de la Guardia Civil, Manuel Llamas como director adjunto operativo, Ana María Fuentes como gerente del PSOE y Belén Gualda como presidenta de la SEPI, además de una veintena de cargos de empresas públicas.
El cambio de criterio del Gobierno español representa un giro respecto a los compromisos establecidos en 2018. La nueva postura prioriza el análisis del contenido de cada causa sobre la situación procesal formal, lo que ha permitido que funcionarios bajo investigación judicial mantengan sus responsabilidades mientras se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes.
