El Partido Popular, como acusación popular en el caso Leire Díez, presentó un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional solicitando que se impute a Mercedes González, directora de la Guardia Civil. La petición también incluye a Leonardo Marcos, anterior director general, y a Manuel Llamas, director adjunto operativo del cuerpo. La causa investiga presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
La formación política argumenta que existió una relación personal y reiterada entre González y Leire Díez, materializada en al menos tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea. Esta relación habría comenzado antes del nombramiento de González como directora general y habría continuado tras su toma de posesión el 17 de septiembre de 2024.
Relación entre la directora y Leire Díez bajo investigación
Según el escrito presentado por el PP, la UCO concluye que Díez utilizaba conscientemente su relación con González para impulsar actuaciones administrativas internas en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la propia UCO. La formación política señala que existe evidencia de al menos tres reuniones presenciales entre ambas, además de múltiples contactos a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
El PP alega que González incurrió en contradicciones sucesivas sobre los hechos investigados. Inicialmente se negó toda reunión con Díez, posteriormente reconoció dos encuentros en cafeterías y finalmente admitió tres reuniones. En uno de estos encuentros, Díez le habría solicitado la readmisión del comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.
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La acusación popular destaca un dato relevante: el 11 de mayo de 2025 se activó el borrado automático de WhatsApp con cadencia de 24 horas en las comunicaciones relacionadas con el caso. El PP argumenta que este hecho forma parte de las contradicciones y elementos que justificarían la imputación de la directora de la Guardia Civil.
Informaciones reservadas contra la UCO y testimonios de altos mandos
El escrito del Partido Popular menciona declaraciones de altos mandos de la Guardia Civil ante el juez, según las cuales la cúpula ordenó la apertura de al menos tres informaciones reservadas contra el DIECAN de la UCO. Los generales Alfonso López Malo y Rafael Yuste, exjefes de la UCO, ratificaron ante el juez que Leonardo Marcos y Manuel Llamas les pidieron determinadas actuaciones.
Según estos testimonios, los mandos les solicitaron actuar con cautela en causas con implicaciones políticas. Los términos utilizados en estas peticiones, según consta en el expediente, incluyeron expresiones relacionadas con no adoptar posiciones proactivas en investigaciones sensibles.
ponerse de perfil
no ser proactivos
Estas declaraciones forman parte de los elementos que el PP considera relevantes para solicitar la imputación de los tres altos cargos de la Guardia Civil. La formación política argumenta que existe un patrón de comportamiento que justificaría la intervención judicial sobre estos mandos.
Contexto político y posición del Gobierno
La petición del PP se produce un día después de la comparecencia del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en la comisión Koldo del Senado. El ministro defendió el buen hacer de Mercedes González durante su intervención y rechazó haber mentido o dado versiones contradictorias sobre el caso.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una postura crítica con la gestión gubernamental del caso. La formación política lidera la acusación popular en el caso Leire Díez y ha sido una de las voces más activas en solicitar investigaciones exhaustivas sobre las presuntas maniobras que afectan a causas judiciales relacionadas con el Gobierno y el PSOE.
Entre las personas mencionadas en el expediente figura también Juan Sánchez Yepes, capitán y exagente de la UCO, cuyo testimonio forma parte del material analizado por el juez de la Audiencia Nacional. El caso ha generado tensión política en España, con posiciones encontradas entre el partido en el Gobierno y la oposición.
Argumentación del Partido Popular sobre propósito delictivo
El Partido Popular argumenta en su escrito que los hechos investigados responderían a un propósito específico de instrumentalizar las relaciones institucionales. La formación sostiene que la relación entre González y Díez habría sido utilizada de manera consciente para afectar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO.
Díez utilizaba conscientemente su relación con González para impulsar actuaciones administrativas internas en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la propia UCO
Concurre, por tanto, un propósito delictivo explícito de instrumentalizar la relación con la directora general para inquietar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO
El escrito presentado por la acusación popular detalla las fechas y circunstancias en las que se produjeron los encuentros entre ambas personas, así como los temas tratados en dichas reuniones. La formación política considera que estos elementos constituyen indicios suficientes para que el juez proceda a la imputación de los tres altos cargos de la Guardia Civil.
Preguntas frecuentes
¿Quiénes son los implicados que el PP solicita imputar?
El Partido Popular solicita la imputación de Mercedes González, directora de la Guardia Civil; Leonardo Marcos, anterior director general; y Manuel Llamas, director adjunto operativo.
¿Cuántas reuniones habrían mantenido González y Leire Díez?
Según el escrito del PP, existieron al menos tres reuniones presenciales entre Mercedes González y Leire Díez, además de múltiples contactos por mensajería instantánea.
¿Cuándo tomó posesión Mercedes González como directora de la Guardia Civil?
Mercedes González asumió como directora general de la Guardia Civil el 17 de septiembre de 2024.
¿Qué investiga el caso Leire Díez?
El caso investiga presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, según la documentación del expediente.
El juez de la Audiencia Nacional deberá ahora analizar el escrito presentado por el Partido Popular y decidir si procede o no la imputación de los tres altos cargos de la Guardia Civil. La resolución judicial determinará los siguientes pasos en esta causa que mantiene dividida a la clase política española. El ministro del Interior ha manifestado públicamente su respaldo a la directora de la Guardia Civil, mientras la oposición mantiene su presión para que se investigue a fondo el caso.
