España tiene la costumbre política bastante cara de esperar a que el problema llegue a las calles para empezar a discutir cómo resolverlo. Después aparecen los decretos, las reuniones, las promesas y las explicaciones con las que se intenta corregir en unos días aquello que llevaba meses o años frente a las instituciones. El caso de Maricarmen volvió a poner la vivienda en el centro de la discusión después de que una mujer de 87 años fuera desalojada de la casa donde había vivido durante siete décadas y terminara hospitalizada.
El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un decreto que contempla nuevas medidas sobre pisos turísticos, fondos de inversión, alquileres y desahucios. La presión política creció después de las protestas provocadas por el caso y ahora la respuesta pasa por ampliar la protección de determinados inquilinos. El problema está en que ninguna de esas medidas resuelve por sí sola la escasez de viviendas que alimenta buena parte de la crisis.
Por eso el caso de Maricarmen no debería servir únicamente para anunciar nuevas restricciones. Debería obligar a preguntar por qué una mujer puede llegar a esa situación después de siete décadas en una vivienda y por qué España sigue sin disponer de una oferta capaz de atender a quienes buscan un alquiler que puedan pagar. El drama individual conmueve, pero la política pública tiene que ocuparse de las causas que producen muchos casos antes de que cada uno necesite convertirse en una protesta nacional.
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Esa misma dificultad para actuar antes de que la presión alcance su límite aparece, con consecuencias mucho más delicadas, en Ceuta. Allí el problema es, nuevamente, la capacidad de una administración para responder cuando varias funciones públicas reciben una presión extraordinaria al mismo tiempo. Entre el 30 y el 31 de julio entraron en la ciudad entre 70.000 y 80.000 personas, una magnitud que obligó a atender de forma simultánea la frontera, la identificación, la asistencia sanitaria, la protección de menores, el orden público y las tareas de inteligencia. Hasta los asuntos de seguridad muestran esa dependencia entre sistemas. Lo más preocupante es que al menos 15 personas están relacionadas presuntamente con el yihadismo.
La cuestión volvió a cobrar fuerza después de que Sánchez reconociera que el mecanismo marroquí de control fronterizo había fallado. El reconocimiento llegó casi dos meses después de la entrada masiva, mientras Miguel Ángel Pérez Triano presentó su renuncia como delegado del Gobierno en Ceuta y explicó que los dos meses posteriores habían tenido para él un coste personal y laboral enorme.
Por eso España necesita algo más que gobiernos dispuestos a anunciar medidas después de cada crisis. Necesita capacidad para anticipar, construir vivienda antes de que falte y preparar sus sistemas de seguridad antes de que una frontera reciba decenas de miles de personas en cuestión de horas.
El problema de la política española, al menos en estos dos casos, está en que la respuesta suele aparecer cuando la realidad ya ha hecho el trabajo de demostrar que algo fallaba. Y para entonces el Estado ya no está resolviendo el problema, está intentando explicar por qué llegó tarde.
