La Fiscalía de Bolivia emitió el miércoles 30 de julio de 2026 una orden de captura contra el exmandatario Evo Morales por su supuesta participación en las protestas sociales que ocurrieron entre mayo y junio de 2026. La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y señala delitos graves contra el Estado boliviano.
Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde ha evadido una orden de captura previa relacionada con otro caso judicial. La nueva acción legal también incluye al dirigente de la Central Obrera Boliviana Marco Argollo y al líder campesino Vicente Salazar, este último bajo detención preventiva desde el 6 de julio.
Los delitos señalados contra el expresidente
La orden de captura acusa a Evo Morales de múltiples delitos vinculados con las protestas que sacudieron Bolivia durante siete semanas. Entre los cargos se encuentran alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra servicios públicos.
La denuncia fue presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, quienes responsabilizaron al exmandatario de orquestar las movilizaciones que generaron bloqueos de carreteras en el occidente y centro del país. Posteriormente, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo se sumó formalmente a la acusación, respaldando la acción judicial contra Morales y los otros implicados.
El conflicto social y sus consecuencias
Entre mayo y junio de 2026, Bolivia experimentó intensas protestas sociales que mantuvieron bloqueadas carreteras durante siete semanas. Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, generando una crisis política y económica sin precedentes recientes en el país andino.
El conflicto dejó un saldo trágico de al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos que impidieron el paso de ambulancias y el acceso a centros de salud. Las pérdidas económicas superaron los 3.000 millones de dólares, afectando sectores como el transporte, el comercio y la producción nacional.
Ante la gravedad de la situación, el presidente Paz decretó estado de excepción el 20 de junio, medida que permitió al gobierno movilizar fuerzas de seguridad para restablecer el orden en las zonas más conflictivas del país.
La respuesta de Morales ante la nueva orden judicial
El expresidente no tardó en responder a la orden de captura emitida en su contra. A través de sus redes sociales, Evo Morales publicó el 24 de mayo un mensaje en el que rechazó las acusaciones y cuestionó las motivaciones del gobierno.
Hoy (miércoles) el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado
Morales acusó al gobierno del presidente Rodrigo Paz de intentar responsabilizarlo por las movilizaciones sociales para ocultar lo que describió como una profunda crisis económica y social en el país.
de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción
El exmandatario también dejó claro que no se dejará intimidar por las acciones legales emprendidas en su contra y reafirmó su compromiso con las causas sociales que lo han caracterizado durante su trayectoria política.
No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos
Otros procesos judiciales pendientes
Esta no es la primera orden de captura que enfrenta Evo Morales. El expresidente ya cuenta con otra orden judicial relacionada con una investigación por trata agravada de personas, vinculada a una supuesta relación con una menor de edad cuando ejercía la presidencia en 2016.
En mayo de 2026, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía por no presentarse al juicio relacionado con este caso. Desde entonces, el exmandatario ha permanecido bajo la custodia de sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, evitando ser detenido por las autoridades judiciales.
La situación de Vicente Salazar, líder de campesinos de La Paz y también implicado en la nueva orden judicial, es diferente. Salazar cumple detención preventiva desde el 6 de julio, siendo el único de los tres acusados que se encuentra actualmente bajo custodia estatal.
Preguntas frecuentes
¿Por qué emitieron una orden de captura contra Evo Morales?
La Fiscalía de Bolivia lo acusa de su supuesta participación en las protestas de mayo y junio de 2026, señalándolo de delitos como terrorismo, alzamiento armado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
¿Cuántas personas murieron durante las protestas de mayo y junio?
Al menos 16 personas fallecieron durante el conflicto, de las cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos de carreteras que impidieron el acceso a servicios de salud.
¿Dónde se encuentra actualmente Evo Morales?
Evo Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con la custodia de sus seguidores y ha evadido órdenes de captura previas.
La nueva orden de captura profundiza la crisis política y judicial que atraviesa Bolivia, con un expresidente acusado de graves delitos y un gobierno que enfrenta cuestionamientos por la situación económica y social del país. La ejecución de la orden judicial se presenta como un desafío complejo, considerando que Morales se encuentra bajo la protección de sus bases sociales en el Trópico de Cochabamba.
