El Gobierno de España considera difícil que los consulados revisen antes del 29 de noviembre todos los expedientes de los ciudadanos afectados por la suspensión cautelar del derecho al voto vinculada con la llamada ley de nietos.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, explicó que la medida involucra alrededor de 163 mil personas nacionalizadas mediante esta vía. Aunque los consulados recibieron instrucciones para acelerar el trabajo, el tiempo disponible complica la revisión completa.
“Nadie está obligado a lo imposible”, declaró Albares en una entrevista con Telecinco. El ministro aseguró que su departamento destinó recursos y personal a esta tarea desde que el Tribunal Supremo ordenó la suspensión.
Consulados digitalizan los expedientes
Albares explicó que el Ministerio de Exteriores pidió a los consulados priorizar la revisión y destinar el personal necesario. También señaló que se cancelaron los permisos de los cónsules para concentrar esfuerzos en esta labor.
El Gobierno habilitó una herramienta informática para registrar los datos y compartirlos con la Oficina del Censo Electoral. Según el ministro, los expedientes correspondientes a 2025 y 2026 ya están digitalizados.
Sin embargo, los documentos de años anteriores deben incorporarse manualmente. Este procedimiento representa una dificultad adicional ante el volumen de expedientes y la proximidad de las elecciones generales.
Albares también rechazó las críticas del Partido Popular y Vox contra los responsables consulares. Acusó a ambas formaciones de lanzar una campaña de desprestigio contra los cónsules y pidió que cesaran los señalamientos sobre su profesionalidad.
¿Por qué está suspendido el voto de los beneficiarios de la ley de nietos?
El Tribunal Supremo mantuvo el 12 de octubre la suspensión cautelar del derecho al voto para las elecciones del 29 de noviembre de los españoles residentes en el extranjero afectados por la medida.
El conflicto gira en torno a la acreditación de los requisitos para obtener la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos. La normativa permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles, incluidos quienes proceden de familias afectadas por el exilio.
El tribunal cuestionó el criterio administrativo que presumía la condición de exiliados de determinados emigrantes. Por ello, ordenó verificar qué personas cumplen los requisitos legales.
La suspensión no implica que todos los beneficiarios de la ley hayan perdido la nacionalidad española. La controversia se centra en su derecho a participar en los próximos comicios desde el extranjero y en las condiciones para acreditar su inclusión en el censo electoral.
Los consulados pueden certificar que determinados ciudadanos cumplen los requisitos vinculados con el exilio. Esa acreditación puede permitirles votar, aunque el Gobierno reconoce que revisar todos los casos antes de la elección será complicado.
El Defensor del Pueblo recurre ante el Constitucional
La decisión del Supremo abrió otro frente judicial. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar la nulidad de las resoluciones.
Gabilondo argumentó que la suspensión puede vulnerar tres derechos fundamentales: la participación política y el voto, la igualdad y la tutela judicial efectiva.
El recurso busca revertir la medida que afecta a más de 163 mil ciudadanos. Al 19 de octubre, el Tribunal Constitucional analizaba si admitía el asunto a trámite y si debía adoptar medidas urgentes antes de las elecciones.
La decisión será relevante para quienes buscan ejercer su derecho al voto el 29 de noviembre. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta el desafío de revisar la documentación disponible en un plazo limitado, sin que exista certeza de que los consulados puedan resolver todos los expedientes a tiempo.
