Alrededor de 15.000 migrantes permanecerían en Ceuta casi tres meses después de la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio, según una estimación del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
En una rueda de prensa este lunes, Vivas afirmó que la ciudad aún no recupera la normalidad tras la llegada de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio. El dirigente vinculó su cálculo con el aumento del 20 % en el consumo de agua registrado en septiembre respecto al mismo mes del año anterior.
La cifra no corresponde a un recuento oficial de personas que continúan en Ceuta. El propio presidente reclamó al Gobierno central información actualizada sobre cuántos migrantes permanecen en la ciudad.
Vivas calificó de “muy grave” la respuesta del Ejecutivo español y cuestionó que, según afirmó, todavía no se hayan realizado devoluciones mediante resoluciones administrativas. Sostuvo que las salidas registradas se produjeron por retornos voluntarios o tras la comisión de delitos.
Ceuta reporta presión sobre los servicios públicos
El presidente ceutí aseguró que varias áreas de la ciudad registraron incrementos en sus incidencias durante los últimos 30 días.
Según los datos que presentó, las llamadas al servicio de emergencias 112 por agresiones, peleas y allanamientos de morada aumentaron un 184 %. También afirmó que las incidencias en el puerto crecieron un 503 % y que la delincuencia subió un 60 %, cifra que atribuyó a datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Vivas añadió que las atenciones en urgencias hospitalarias aumentaron un 400 % y las obras ilegales un 669 %. Además, estimó que las pérdidas de la actividad económica equivalen a entre el 4 % y el 5 % del producto interior bruto de la ciudad.
Estas cifras fueron expuestas por el presidente en su balance de la situación. Para dimensionar su alcance, es necesario considerar los periodos de comparación y las bases estadísticas de cada indicador.
Vivas sostuvo que la permanencia de miles de personas y la presión sobre los servicios mantienen a Ceuta en una situación que calificó de insostenible. También pidió que las personas que entraron irregularmente desde Marruecos regresen a ese país.
La investigación sobre la entrada masiva continúa
La llegada de migrantes de finales de julio también está bajo investigación de la Audiencia Nacional. La jueza María Tardón busca esclarecer cómo se produjo la entrada masiva y qué información tenían las autoridades antes de los acontecimientos.
Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entregado a la magistrada y conocido la semana pasada, sostiene que las autoridades marroquíes tenían conocimiento previo de los movimientos que precedieron a la llegada de migrantes.
La investigación continúa abierta. La jueza ha solicitado documentación e informes a distintas unidades policiales y militares para reconstruir los hechos y analizar la actuación de las autoridades.
El contexto mantiene la presión política sobre los gobiernos español y marroquí, mientras Ceuta enfrenta las consecuencias administrativas, sociales y económicas de la llegada masiva.
El Gobierno español reconoce la presión sobre Ceuta
El Ejecutivo español declaró en agosto una situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, después de que la entrada irregular de personas los días 30 y 31 de julio afectara las capacidades de control fronterizo, atención humanitaria y acogida.
En el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno señaló que la crisis había afectado al funcionamiento ordinario de distintos servicios públicos y defendió la movilización de recursos para reforzar la frontera, impulsar retornos y apoyar a la población local.
La cifra actual de personas que permanecen en Ceuta sigue siendo un punto de disputa. Mientras Vivas calcula que quedan alrededor de 15.000 migrantes, reclama al Gobierno central un dato oficial que permita conocer la dimensión actual de la situación.
