El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, negó ante el juez que solicitara a agentes ponerse de perfil en causas judiciales comprometedoras para el Gobierno o con incidencia política, contradiciendo directamente el testimonio del coronel Rafael Yuste, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO). La declaración se extendió hasta el punto de obligar a aplazar para el viernes la comparecencia de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, quien está siendo investigada en el mismo procedimiento.
El caso se enmarca en una investigación judicial que ordenó el 27 de mayo la personación de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil, bajo instrucción del juez Pedraz. Las declaraciones contradictorias entre los altos mandos del Instituto Armado han generado un escenario de tensión interna que ahora deberá ser esclarecido mediante la investigación judicial en curso.
Contradicción directa entre testimonios de mandos de la Guardia Civil
Rafael Yuste, coronel y exjefe de la UCO, declaró ante el juez que Manuel Llamas le presionó para ponerse de perfil en causas judiciales con incidencia política vinculadas al PSOE o al Gobierno. Este testimonio contradice frontalmente lo manifestado por el propio Llamas durante su comparecencia, en la que negó haber ejercido cualquier tipo de presión sobre las investigaciones en curso.
El conflicto entre ambos mandos no es un caso aislado. Leonardo Marcos, quien entonces ocupaba el cargo de director general de la Guardia Civil, también figura en el expediente por haber criticado públicamente un informe de la UCO relacionado con el caso del hermano de Pedro Sánchez. Marcos calificó ese informe como prospectivo y malintencionado, lo que añadió otro elemento de tensión entre la cúpula directiva y la unidad de investigación.
Tiene que estar analizado y que no haya nada
Esta frase forma parte de las comunicaciones analizadas en el marco de la investigación judicial, aunque no se especifica el contexto exacto en el que fue pronunciada ni el autor de la misma dentro del expediente.
Reuniones entre la directora de la Guardia Civil y una supuesta fontanera
La investigación judicial también ha puesto el foco en múltiples encuentros entre Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y Leire Díez, identificada en el expediente como supuesta fontanera. El primer encuentro documentado ocurrió el 30 de septiembre de 2024, al que siguieron otras reuniones en diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
Los investigadores también registraron una llamada telefónica entre ambas el 12 de febrero de 2025, y constataron que el 11 de mayo de 2025 se activaron mensajes temporales en WhatsApp entre González y Díez. Estos mensajes, que se autodestruyen tras ser leídos, han generado sospechas sobre la naturaleza de las conversaciones mantenidas.
Un día después de la reunión del 2 de abril, el 3 de abril de 2025, Leire Díez comentó a Ismael Oliver, abogado mencionado en el expediente, sobre el encuentro que había mantenido con la directora de la Guardia Civil.
He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la directora general de la GC
Este mensaje sugiere que las reuniones se produjeron en ubicaciones específicas que ahora forman parte de la reconstrucción cronológica del caso.
Referencias a filtraciones y negociaciones sobre equiparación salarial
Entre las comunicaciones analizadas figura una valoración de Leire Díez sobre una de las reuniones mantenidas con Mercedes González. Según consta en el expediente, Díez transmitió una impresión positiva del encuentro y manifestó su intención de continuar desarrollando ese canal de comunicación.
Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo alimentando esa vía
Adicionalmente, la investigación recoge que Díez apostó una comida con Mercedes a que las filtraciones procedían de la UCO. Esta referencia a filtraciones aparece vinculada al contexto de causas judiciales que involucran a figuras como José Luis Ábalos y al propio presidente Pedro Sánchez, aunque el expediente no establece conclusiones definitivas sobre el origen real de dichas filtraciones.
Otros nombres que aparecen en el marco de la investigación incluyen a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y a Leticia de la Hoz, abogada mencionada en relación con las comunicaciones analizadas por los investigadores.
Aplazamiento de la declaración de la directora del Instituto Armado
La comparecencia de Manuel Llamas se prolongó más de lo previsto, lo que obligó al juez a aplazar para el viernes la declaración de Mercedes González como investigada. Esta reprogramación evidencia la complejidad del caso y la cantidad de información que está siendo analizada en sede judicial.
La directora de la Guardia Civil deberá responder ante el juez sobre las reuniones mantenidas con Leire Díez, la activación de mensajes temporales en WhatsApp, y las referencias a negociaciones sobre equiparación salarial que aparecen en las conversaciones intervenidas. Su testimonio será clave para esclarecer si existió o no un intento de influir en investigaciones judiciales con incidencia política.
Preguntas frecuentes
¿Qué negó el DAO de la Guardia Civil ante el juez?
Manuel Llamas negó haber pedido a agentes de la UCO que se pusieran de perfil en causas judiciales comprometedoras para el Gobierno o con incidencia política, contradiciendo el testimonio del coronel Rafael Yuste.
¿Cuándo se ordenó la personación de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil?
El juez Pedraz ordenó la personación de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil el 27 de mayo, iniciando así el proceso de investigación que ahora se encuentra en fase de declaraciones.
¿Quién es Leire Díez en este caso?
Leire Díez es identificada en el expediente como supuesta fontanera y mantuvo múltiples reuniones con Mercedes González, directora de la Guardia Civil, entre septiembre de 2024 y abril de 2025.
La investigación continúa su curso con la declaración pendiente de Mercedes González, prevista para el viernes. Los testimonios contradictorios entre altos mandos de la Guardia Civil, las reuniones documentadas y las referencias a filtraciones conforman un expediente judicial complejo que deberá determinar si hubo presiones indebidas sobre investigaciones en curso.
