El Partido Popular presentó un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional solicitando que se prohíba a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, ejercer facultades de mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO) mientras dure la investigación del caso Leire Díez. La petición busca implementar medidas cautelares de protección para los agentes investigadores ante el riesgo de represalias.
Ambos mandos se encuentran imputados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia por obstrucción, pero continúan ejerciendo plenamente sus funciones y mantienen la superioridad jerárquica sobre la propia unidad cuya labor se investiga. El juez Santiago Pedraz instruye la causa.
Medidas cautelares solicitadas por la acusación popular
El PP, que dirige la acusación popular unificada en el caso, solicita específicamente la prohibición de ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la UCO y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) y sus integrantes. La petición plantea que estas facultades sean atribuidas a un mando ajeno a la cadena de los investigados.
Entre las medidas solicitadas también figura la prohibición de incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento. Además, se pide impedir el acceso a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso, así como la comunicación directa o a través de terceros con los agentes y testigos que han declarado en la causa.
Los presuntos delitos investigados en el caso
Los presuntos delitos investigados consistirían en la instrumentalización del régimen disciplinario interno de la Guardia Civil, mediante la apertura de sucesivas informaciones reservadas, para presionar, intimidar y condicionar el trabajo de la UCO en causas que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE. Según el escrito del PP, el bien jurídico protegido no es solo el correcto funcionamiento de la Administración, sino la indemnidad de la actividad de auxilio a la Administración de Justicia que la UCO desarrolla bajo la dirección de los distintos órganos judiciales en procedimientos penales de máxima sensibilidad.
La acusación popular destaca que, pese a su condición de investigados, tanto la directora general como el director adjunto operativo continúan al frente de sus respectivos cargos sin que se haya adoptado decisión administrativa alguna de cese o suspensión y sin que hayan presentado su dimisión. El PP argumenta que esta situación resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados.
Reconocimiento judicial de la necesidad de protección
El PP fundamenta su petición señalando que el propio instructor ya ha reconocido la necesidad de proteger a la UCO. El juez Pedraz ordenó previamente a la unidad mantener la debida cautela sobre la evolución de la investigación y no informar de sus avances a la cúpula del Cuerpo, precisamente para evitar que los detalles llegaran a los dos máximos responsables investigados.
Sin embargo, la acusación considera que tal cautela resulta insuficiente si los investigados conservan el resto de sus facultades sobre la unidad. El escrito subraya que la existencia del riesgo no es una hipótesis, sino una realidad ya apreciada por el propio instructor, y advierte que existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes.
Nueva petición de imputación contra exdirector de la Guardia Civil
El Partido Popular también solicitó nuevamente que se cite como investigado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, quien ejerció el cargo durante el período de junio de 2023 a septiembre de 2024, según la correlación temporal mencionada en el caso. El juez Pedraz rechazó previamente esta petición al no apreciar indicios en su contra.
El PP argumenta que el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, declaró sobre presiones por parte de Marcos y de Llamas para ponerse de perfil en la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según la acusación, estos hechos responden a una actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, en la que el director general ostentaba la máxima responsabilidad institucional.
La correlación temporal entre los contactos de la directora general con la trama, la apertura de informaciones reservadas y las instrucciones transmitidas a la UCO no puede analizarse excluyendo precisamente a quien, durante el período junio de 2023 a septiembre de 2024, encabezaba dicha estructura.
El PP califica de incoherente excluir a Leonardo Marcos de la investigación y solicita que se le cite para aclarar su conocimiento y eventual autorización de las informaciones reservadas incoadas contra la UCO.
Preguntas frecuentes
¿Qué cargo ocupan los imputados en la Guardia Civil?
Mercedes González es la directora de la Guardia Civil y Manuel Llamas es el director adjunto operativo. Ambos mantienen actualmente el ejercicio pleno de sus funciones.
¿Quién instruye el caso Leire Díez?
El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional es quien instruye la causa en la que están imputados los dos máximos mandos de la Guardia Civil.
¿Qué es la UCO y qué papel tiene en este caso?
La Unidad Central Operativa (UCO) es la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en delitos complejos. En este caso, es la unidad cuyos agentes investigadores el PP busca proteger mediante medidas cautelares.
La solicitud del Partido Popular aún no ha sido resuelta por el juez Pedraz. Los dos mandos imputados continúan ejerciendo sus funciones mientras la investigación avanza en la Audiencia Nacional.
