La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado dos contratos presuntamente fraudulentos adjudicados por Correos al despacho SDEP & Carrillo Abogados SLP, según un informe presentado en el marco del caso SEPI. La investigación vincula estas adjudicaciones a Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, así como a Leire Díez, quienes formaban parte del grupo Hirurok junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
El informe policial señala que el despacho de abogados habría realizado pagos por un total de 213.995,20 euros a Vicente Fernández entre 2022 y 2024, cantidades que la UCO considera como posibles contraprestaciones por la adjudicación de los contratos. La Guardia Civil presume que el proceso de licitación pudo haber sido manipulado para favorecer al despacho en cuestión.
Los contratos bajo investigación y el presunto amaño
La investigación se centra en dos contratos adjudicados por Correos al despacho SDEP & Carrillo Abogados SLP. El primero, adjudicado el 31 de marzo de 2022, tuvo un importe de 16.918 euros. El segundo contrato alcanzó los 181.348,75 euros, sumando ambos cerca de los 200 mil euros mencionados en el informe.
Según la UCO, Leire Díez contactó con el abogado Juan Antonio Carrillo Donaire tras un acuerdo entre Correos y la editorial Vicens Vives. La Guardia Civil considera que Díez tenía intención de proteger a su jefe Juan Manuel Serrano, quien en ese momento ocupaba la presidencia de Correos. El despacho de Carrillo habría sido presentado como el de referencia para el asesoramiento al presidente de la empresa pública.
La investigación revela que la UCO presume que el despacho planteó dos ofertas falsas para resultar adjudicatario de los contratos. La Guardia Civil sostiene que, según las instrucciones internas de contratación de Correos, se debían formular al menos tres ofertas, adjudicándose el contrato a la de menor precio. El esquema presuntamente diseñado habría garantizado que el despacho de Carrillo obtuviera las adjudicaciones al presentar la oferta económicamente más ventajosa frente a propuestas supuestamente simuladas.
El papel de Leire Díez y la Dirección de Filatelia
El expediente del segundo contrato, el de mayor cuantía económica, fue promovido por la Dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, órgano que dirigía precisamente Leire Díez. La UCO identifica este hecho como un elemento clave en la investigación, ya que quien promovió la licitación era la misma persona que presuntamente estaba vinculada con el despacho favorecido.
El contrato fue descrito como de asesoramiento y asistencia técnica para dar soporte a la dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia y futuro, el órgano del cual Leire era titular. La Guardia Civil señala que existirían indicios que apuntarían al carácter fraudulento de esta adjudicación, especialmente por la presunta participación del despacho en la redacción del pliego de la licitación a la que eventualmente iba a concurrir.
Este detalle resulta fundamental para la investigación, pues implicaría que el despacho de abogados habría diseñado las condiciones bajo las cuales posteriormente compitió, lo que le habría otorgado una ventaja determinante para resultar adjudicatario.
Los pagos a Vicente Fernández y el interés en la formalización
La UCO ha detectado que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y tercer integrante del grupo Hirurok, se interesó porque el contrato se formalizase rápidamente. La investigación sugiere que existía preocupación porque peligraría una eventual prórroga si no se cumplían ciertos plazos.
Los investigadores identificaron pagos del despacho de Carrillo a Vicente Fernández por un total de 213.995,20 euros realizados entre 2022 y 2024. Adicionalmente, otros pagos por 20.522,25 euros se habrían transferido a través de la sociedad Allies & Altera. La Guardia Civil considera estos movimientos como posibles contraprestaciones por la adjudicación de los contratos expuestos.
El esquema económico detectado por la UCO sugiere un sistema de compensaciones posteriores a las adjudicaciones, en el que el expresidente de la SEPI habría recibido cantidades significativas del despacho beneficiado por los contratos públicos. La investigación continúa analizando los movimientos financieros para determinar la naturaleza exacta de estos pagos.
El grupo Hirurok y las conexiones políticas
Los tres protagonistas de esta investigación formaban parte del grupo Hirurok, una red de relaciones que también incluía a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. La UCO examina cómo estas conexiones pudieron haber facilitado el presunto esquema de adjudicaciones irregulares en Correos.
Juan Manuel Serrano, además de haber sido jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, ocupó la presidencia de Correos, posición desde la cual habría facilitado supuestamente el acceso privilegiado del despacho de abogados a contratos de la empresa pública. Su relación con Leire Díez y Vicente Fernández configura el entramado que ahora investiga la Guardia Civil.
Preguntas frecuentes
¿Qué contratos investiga la UCO en este caso?
La UCO investiga dos contratos adjudicados por Correos al despacho SDEP & Carrillo Abogados SLP. El primero por 16.918 euros adjudicado el 31 de marzo de 2022, y el segundo por 181.348,75 euros promovido desde la Dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales.
¿Quiénes son las personas vinculadas por la Guardia Civil?
La investigación vincula a Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos; a Leire Díez, quien dirigía la Dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales; y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Los tres formaban parte del grupo Hirurok.
¿Qué pagos detectó la UCO al expresidente de la SEPI?
La UCO identificó pagos del despacho de abogados a Vicente Fernández por un total de 213.995,20 euros entre 2022 y 2024, además de otros 20.522,25 euros transferidos a través de la sociedad Allies & Altera, considerados como posibles contraprestaciones por las adjudicaciones.
El informe de la UCO forma parte del caso SEPI y constituye un capítulo más en las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación pública de empresas estatales. La Guardia Civil continúa analizando documentación y movimientos financieros para determinar el alcance de las presuntas irregularidades detectadas en estos contratos de Correos.
