El Gobierno de España, a través de PSOE y Sumar, ha introducido modificaciones sustanciales a la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia en Entornos Digitales, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados. La principal medida establece la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años en plataformas que muestren contenido dañino y que no reciban autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Las enmiendas fueron anunciadas este 2 de julio de 2026 por el presidente Pedro Sánchez, quien había adelantado estas medidas en febrero de 2026. La ley, que lleva más de un año en tramitación parlamentaria, se encuentra actualmente en fase de ponencia y los requisitos específicos de la CNMC se establecerán mediante real decreto una vez sea aprobada.
Tres ejes de la reforma: prohibición, responsabilidad penal y control algorítmico
Las modificaciones introducidas por los partidos del Gobierno se estructuran en tres medidas principales. La primera contempla la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años en aquellas plataformas que no cuenten con autorización de la CNMC por mostrar contenido considerado dañino. Esta autorización dependerá de que las plataformas demuestren el cumplimiento de ciertos requisitos que se detallarán por real decreto.
La segunda medida tipifica como delito penal que las plataformas utilicen algoritmos para amplificar contenidos que inciten al suicidio, autolesión, abuso sexual infantil, deepfakes sexuales o delitos de odio. Esta disposición busca responsabilizar directamente a las empresas tecnológicas por el contenido que sus sistemas promueven de manera activa.
La tercera modificación establece responsabilidad penal de los directivos de las plataformas digitales que conozcan la existencia de este tipo de contenido en sus servicios y no actúen para retirarlo. También se contempla penalizar a quienes ignoren órdenes judiciales o administrativas de retirada de contenido ilícito.
Anuncio del presidente Sánchez y posicionamiento político
El presidente del Gobierno español realizó un anuncio público en el que defendió la necesidad de estas medidas para proteger a los menores en el entorno digital. Pedro Sánchez declaró:
Cumpliendo lo que anunciamos en febrero, hoy incluimos en la futura Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales tres medidas esenciales: prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años; tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales; y establecer la responsabilidad penal de los directivos si no retiran los contenidos ilícitos de sus plataformas. Este Gobierno no se va a rendir ante tecno-oligarcas. Vamos a convertir el espacio digital en un entorno seguro para nuestros jóvenes.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también participó en el anuncio de las enmiendas y expresó su deseo de que la ley obtenga un amplio respaldo parlamentario. Rego señaló que la necesidad de regular el entorno digital y de proteger a la infancia es un clamor social, y rechazó la posibilidad de permitir a magnates de Silicon Valley vulnerar los derechos de los menores.
Propuestas del PP y búsqueda de consenso parlamentario
El Partido Popular (PP) también ha presentado enmiendas a la ley que coinciden en establecer la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Sin embargo, las propuestas del principal partido de la oposición incluyen medidas adicionales con sanciones específicas.
El PP propone penas de prisión de 1 a 3 años para quienes difundan contenidos con retos virales peligrosos, con multas alternativas de 6 a 12 meses. Para contenidos que inciten al suicidio o autolesiones, el partido sugiere penas de cárcel de 2 a 4 años. Además, plantea establecer un horario de descanso digital obligatorio para menores entre las 22:00 y las 8:00 horas.
La existencia de propuestas similares por parte de diferentes fuerzas políticas indica un consenso creciente en el Congreso sobre la necesidad de regular más estrictamente el acceso de menores a plataformas digitales. La ministra Rego ha expresado su esperanza de que la ley cuente con un amplio consenso parlamentario.
Autorización de tutores y papel de la CNMC
La legislación actual ya establecía que los tutores legales debían autorizar el acceso de los menores de 16 años a las plataformas digitales. Las nuevas enmiendas refuerzan este requisito al añadir un segundo filtro: la autorización de la CNMC para aquellas plataformas que deseen permitir el acceso de este grupo de edad.
Los detalles sobre los requisitos que las plataformas deberán cumplir para obtener la autorización de la CNMC se establecerán mediante real decreto una vez que la ley sea aprobada. Este mecanismo implica que la prohibición no será absoluta para todos los servicios digitales, sino que dependerá de la evaluación que realice el organismo regulador sobre el tipo de contenido y las medidas de protección implementadas.
La ley se encuentra actualmente en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados, por lo que aún debe superar varios trámites parlamentarios antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor.
Preguntas frecuentes
¿A partir de qué edad podrán acceder los menores a redes sociales en España?
La ley establece que los menores de 16 años no podrán acceder a plataformas que muestren contenido dañino y que no cuenten con autorización de la CNMC, incluso con permiso de los tutores.
¿Qué responsabilidad tendrán las plataformas digitales?
Las plataformas podrán enfrentar responsabilidad penal si utilizan algoritmos para amplificar contenidos dañinos como incitación al suicidio, abuso sexual infantil o deepfakes sexuales. Los directivos también serán responsables si conocen estos contenidos y no actúan.
¿Cuándo entrará en vigor esta ley?
La ley se encuentra en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados y aún debe completar su tramitación parlamentaria. Los detalles de implementación se establecerán por real decreto tras su aprobación.
Las modificaciones introducidas por PSOE y Sumar representan un endurecimiento significativo del marco regulatorio español sobre protección de menores en entornos digitales, con la intención de responsabilizar tanto a las empresas tecnológicas como a sus directivos por el contenido que circula en sus plataformas y alcanza a usuarios menores de edad.
