Si creíais que el episodio de Ceuta había quedado atrás porque regresaron cientos de personas y porque el foco mediático empezó a desplazarse hacia otros asuntos, conviene asumir cuanto antes que la crisis sigue viva, que la imagen de España ha quedado maltrecha dentro y fuera de Europa y que el problema ya no se limita a una frontera alterada durante unos días, porque ahora arrastra consecuencias sociales, políticas y económicas que debemos tomarnos muy en serio.
Lo más irritante de este asunto, al menos para quienes vivimos aquí, pagamos aquí o hemos decidido abrir negocios en este país, es la facilidad con la que una parte del coro digital que apoya al Gobierno pretende convertir cualquier preocupación razonable en una muestra de insensibilidad; como si pedir orden, normas claras y una frontera respetada equivaliera automáticamente a despreciar a quien llega.
Esa trampa verbal empieza a cansar, porque una sociedad democrática puede sentir compasión sin renunciar a la autoridad del Estado, del mismo modo que puede admitir que no todos los migrantes que alcanzan Ceuta van a delinquir y, a la vez, negarse a aceptar que la ley quede a merced del sentimentalismo del día o de la presión de perfiles inflados en redes que confunden seguidores con criterio.
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Mientras tanto, en la playa del Trampolín se ha instalado una escena que debería preocupar a cualquiera que conserve un poco de sentido de realidad. Cientos de personas, dentro de un asentamiento improvisado levantado con plásticos, lonas y materiales de fortuna, reclaman asilo, exigen quedarse y presionan para impedir su retorno a Marruecos, mientras algunos anuncian una huelga de hambre y otros alternan esa protesta con la recepción de comida.
El cuadro combina precariedad humana con un pulso político de primer orden, porque detrás de las pancartas, de los lemas y de las banderas aparece una exigencia muy concreta, que consiste en forzar al Estado a reconocer un tratamiento que, según denuncian, sí se concede a otras nacionalidades.
Nadie sensato debería bromear con la miseria de quienes duermen en esas condiciones, aunque tampoco conviene disfrazar el problema. Ceuta no puede convertirse en un laboratorio de improvisación permanente donde cada presión signifique una concesión nueva, porque entonces el mensaje que se lanza al exterior resulta devastador para la soberanía, para la convivencia y para la seguridad jurídica de quienes ya estamos aquí.
Cuando un país transmite la impresión de que carece de criterio estable para decidir quién entra, cómo se tramita cada situación y hasta dónde llega la capacidad de acogida, acaba empujando a sus propios ciudadanos hacia una mezcla de hartazgo, impotencia y desconfianza.
Y ese hartazgo no nace de una acumulación muy concreta de cargas. Los españoles llevan años soportando impuestos al alza, costes de vida cada vez más severos y problemas sociales que el Gobierno administra con propaganda y con eslóganes, mientras, en paralelo, se insiste en que siempre hay recursos para absorber nuevas presiones migratorias, aunque luego falten respuestas eficaces para quienes sostienen el país con su trabajo y para quienes necesitan servicios públicos que funcionen sin caer en la saturación.
Ceuta ya no puede tratarse como un incidente pasajero. Lo que está poniendo a prueba es la capacidad de España para defender su frontera, para fijar una política migratoria seria y para dejar de presentarse ante Europa como un país que reacciona tarde y deja que los problemas crezcan hasta que acaban golpeando a los de siempre.
