El Ministerio de Defensa remitió a la Fiscalía y a un juzgado un informe de Amnistía Internacional que recoge 22 testimonios sobre presuntas agresiones, humillaciones y robos atribuidos a militares. La investigación también incorpora grabaciones difundidas por elDiario.es.
La Comandancia General de Ceuta investiga denuncias de presuntas torturas y vejaciones que militares españoles habrían cometido contra migrantes que permanecen en esta ciudad del norte de África, territorio español fronterizo con Marruecos.
Las acusaciones aparecen en un informe de Amnistía Internacional (AI), elaborado tras una investigación sobre el terreno entre el 10 y el 15 de septiembre. El documento recoge 22 testimonios directos sobre supuestos abusos atribuidos a militares desplegados en la ciudad.
A finales de septiembre, el Ministerio de Defensa remitió el informe a la Fiscalía y a un juzgado de Ceuta. Además, pidió al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades individuales.
Fuentes de Defensa indicaron que la investigación está a cargo de la Comandancia General de Ceuta. El objetivo es esclarecer lo ocurrido y establecer si hubo conductas contrarias a la ley o a las normas militares.
Amnistía Internacional recoge 22 testimonios
El informe de Amnistía Internacional describe presuntas agresiones físicas, acoso, humillaciones y robos de dinero contra migrantes que permanecen en Ceuta.
Los testimonios también mencionan la confiscación y destrucción de teléfonos móviles. Según algunas de las declaraciones recogidas, determinados militares habrían actuado durante la noche y con el rostro cubierto.
Las acusaciones se relacionan con la llegada masiva de personas desde Marruecos registrada a finales de julio, cuando, según la información original, entraron más de 80.000 personas.
Las denuncias todavía deben esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes. Por ahora, los testimonios recogidos en el informe constituyen acusaciones que requieren verificación y no una determinación judicial de responsabilidades.
Una grabación difundida por elDiario.es amplía el caso
La investigación adquirió una nueva dimensión después de que el periódico elDiario.es publicara este jueves una grabación de conversaciones entre varios militares destinados en Ceuta.
En los audios, al menos tres militares que habrían participado en turnos de vigilancia describen supuestas agresiones y tratos vejatorios contra migrantes llegados desde Marruecos durante la entrada masiva de julio.
Tras la publicación, el Ministerio de Defensa informó de que incorporó la noticia a la documentación que ya había remitido a la Fiscalía y al juzgado ceutí, para que se valore dentro de las actuaciones correspondientes.
La autenticidad de las grabaciones y la identidad de las personas que aparecen en ellas son aspectos que deben comprobarse. La difusión de los audios, por sí sola, no acredita la veracidad de todas las conductas descritas.
La asociación militar pide respetar la presunción de inocencia
La Asociación Española de Tropa y Marinería (ATME) pidió respetar la presunción de inocencia y reclamó que se compruebe si las voces registradas en las grabaciones corresponden realmente a militares.
Marco Antonio Gómez, presidente de la organización, expresó su preocupación por la difusión de informaciones que pueden afectar la imagen de las Fuerzas Armadas. También pidió que el Ministerio de Defensa investigue cómo se obtuvieron los audios y si son auténticos.
“Desde ATME tenemos muy claro que todo aquel que infrinja la ley o las normas no tiene cabida en las Fuerzas Armadas, pero también pedimos el mismo ímpetu y celeridad en investigar a todo aquel que agreda a un militar”, afirmó Gómez.
Con estas declaraciones, el representante de la asociación aludió a las denuncias de agresiones que, según indicó, habrían sufrido militares y agentes de seguridad a manos de migrantes.
Por ahora, el caso reúne el informe de Amnistía Internacional, las grabaciones difundidas por la prensa y las actuaciones remitidas a las autoridades judiciales. Las investigaciones deberán determinar la autenticidad de las pruebas, esclarecer los hechos y establecer si existen responsabilidades individuales.
