El magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena confirmó este lunes la retirada de las órdenes nacionales de búsqueda, captura y detención contra Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig.
La decisión se basa en la doctrina del Tribunal Constitucional que avaló aplicar la ley de amnistía al delito de malversación en el caso de la exconsejera Dolors Bassa. Llarena considera que ese criterio también debe aplicarse a los tres dirigentes independentistas.
El juez desestimó así el recurso presentado por la acusación popular contra su resolución del 6 de octubre, cuando dejó sin efecto provisionalmente las órdenes de detención.
No obstante, la decisión no representa el cierre definitivo del procedimiento penal. Llarena precisó que corresponde a la Sala de lo Penal del Supremo resolver sobre la extinción de la responsabilidad y el eventual archivo de la causa.
Llarena acata la doctrina del Constitucional, aunque discrepa
En su resolución, el magistrado dejó constancia de su desacuerdo con los argumentos del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación.
Llarena mantiene que los dirigentes independentistas obtuvieron un beneficio personal relacionado con los hechos investigados. Sin embargo, reconoció que su interpretación no le permite mantener las órdenes de detención frente a la doctrina constitucional vigente.
El juez sostuvo que la discrepancia debe quedar expresada en su resolución, pero no puede impedir que se cumpla lo establecido por el Constitucional.
La sentencia que concedió el amparo a Dolors Bassa abrió la vía para extender la amnistía a otros responsables del proceso independentista catalán. La medida se refiere a los delitos contemplados en la norma y no supone, por sí misma, el archivo automático de todos los procedimientos relacionados con el proceso de 2017.
¿Qué cambia para Carles Puigdemont?
Puigdemont vive en Bélgica desde 2017, después de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán. Su salida de España impidió que fuera juzgado junto con otros dirigentes del proceso independentista.
La retirada de las órdenes nacionales de detención elimina ese obstáculo judicial en territorio español. Sin embargo, la situación procesal del expresidente todavía depende de la resolución definitiva que adopte el órgano competente sobre la aplicación de la amnistía y el archivo de la causa.
Puigdemont había solicitado al Supremo que aplicara la ley de amnistía y cerrara definitivamente el procedimiento. Por ahora, Llarena no resolvió esa petición en el auto de este lunes.
La misma resolución beneficia a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, quienes también permanecen vinculados a la causa y habían salido de España.
La causa sigue pendiente de una resolución definitiva
El auto confirma un cambio relevante en la situación judicial de los tres dirigentes, pero distingue entre retirar las órdenes de detención y extinguir formalmente la responsabilidad penal.
La decisión definitiva sobre el sobreseimiento corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por ello, el procedimiento todavía requiere una resolución que determine sus efectos finales.
El caso forma parte de las consecuencias judiciales del intento de independencia de Cataluña de 2017, que provocó una crisis institucional en España y procesos penales contra varios dirigentes independentistas.
La aplicación de la amnistía al delito de malversación sigue siendo uno de los puntos centrales de la controversia jurídica. La resolución de Llarena acata la doctrina del Constitucional, aunque mantiene sus objeciones a los fundamentos de esa interpretación.
