La Policía Nacional de España localizó a 74 migrantes en situación irregular que permanecían escondidos en una vivienda de Ceuta, ciudad española situada en el norte de África. Entre las personas encontradas había 10 menores de edad no acompañados.
El operativo se realizó el martes 20 de octubre y culminó con la detención del propietario del inmueble, señalado por su presunta participación en una red dedicada a facilitar la inmigración irregular y otras actividades delictivas.
Según informó la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, el despliegue requirió un dispositivo amplio debido a las características y la ubicación de la vivienda.
¿Quiénes eran las personas localizadas?
Los agentes encontraron a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores de edad no acompañados. En total, 74 personas se encontraban alojadas en el inmueble investigado.
La intervención forma parte de una investigación sobre una presunta organización criminal que habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de personas migrantes.
Las autoridades no detallaron en el comunicado las nacionalidades de las personas localizadas ni las condiciones específicas en las que permanecían dentro de la vivienda.
Investigan posibles agresiones y explotación laboral
La Policía investiga posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones y explotación laboral de menores.
Durante las pesquisas, los agentes obtuvieron indicios de que algunos de los menores podrían haber sufrido agresiones físicas.
Además, los investigadores analizan si personas adultas y menores fueron utilizadas para realizar tareas y trabajos bajo condiciones de explotación, aprovechando sus necesidades y su situación de vulnerabilidad.
Estas líneas de investigación todavía deben esclarecerse. La información difundida por la Policía no confirma que todos los migrantes alojados en la vivienda hayan sido víctimas de los delitos investigados.
El detenido quedó a disposición judicial
La operación se desarrolló mediante la coordinación de distintas unidades policiales de la costa andaluza y de organismos centrales. La investigación también cuenta con la colaboración de la Fiscalía.
El propietario de la vivienda fue puesto a disposición de la autoridad judicial el jueves 22 de octubre. A partir de las actuaciones judiciales se determinará su posible responsabilidad penal.
El caso pone de relieve los riesgos que enfrentan las personas migrantes cuando dependen de redes clandestinas para encontrar alojamiento, trasladarse o acceder a oportunidades de trabajo. La investigación busca establecer si el inmueble funcionaba como parte de una estructura criminal y precisar el alcance de los delitos presuntamente cometidos.
