Quienes seguimos de cerca las decisiones que se toman en el Gobierno sabemos perfectamente que la nueva ampliación de la norma conocida como Ley de nietos no va a traer nada bueno para España a largo plazo. No niego que para muchas personas este proceso suponga recuperar un vínculo familiar y afectivo con sus orígenes, algo que tiene un valor incuestionable y que responde a una aspiración muy legítima, pero conviene no confundir las cosas, porque lo que nació como un acto de justicia se ha transformado en algo muy distinto.
Y si hay algo que no necesita España es que se disfracen las intenciones con palabras bonitas. Las consecuencias negativas no vendrán por conceder la nacionalidad a quien realmente le corresponde, lo harán por la desviación de criterios que rompe toda lógica y pone en riesgo el equilibrio de nuestro sistema democrático.
El origen de esta disposición tenía un fin claro y justo ya que pretendía reparar la situación de quienes perdieron su condición de españoles o vieron interrumpida su transmisión por causa del exilio la persecución o la represión sufrida durante la Guerra Civil y los años posteriores. Nadie puede cuestionar que devolver ese derecho a quienes lo merecen es un acto de justicia elemental.
Pero parece que al Gobierno le pareció demasiado corto el camino y decidió ampliar la puerta hasta convertirla en una auténtica autopista. Bastó una instrucción interna del Ministerio de Justicia para abrir la mano sin medida. Ahora pueden acceder además de los descendientes de quienes salieron por motivos políticos, quienes provienen de la emigración económica de cualquier época, incluso de quienes se marcharon mucho antes del conflicto bélico y en pleno siglo XIX.
Es curioso que una ley pensada para reparar daños recientes acabe alcanzando hechos que ocurrieron hace más de ciento cincuenta años, como si la memoria histórica fuera un cajón sin fondo donde cabe todo lo que les conviene.
Este cambio ha provocado que el número de solicitudes crezca hasta alcanzar cifras que no tienen precedentes en nuestro país. Se calcula que más de dos millones y medio de personas han pedido cita para iniciar el trámite, lo que duplica casi de golpe el número de electores que residen fuera de España y altera las previsiones de crecimiento demográfico y de recursos públicos.
Aquí es donde aparece lo que muchos llaman “ingeniería electoral”, que no es otra cosa que la manipulación de las reglas para obtener una ventaja política concreta. A esto se le puede llamar de muchas formas, pero lo más sincero es decir que se trata de fabricar electores a la carta.
El Gobierno no puede ocultar las señales, aunque lo intente con explicaciones que suenan a cuento de hadas. La administración socialista ha reforzado las instalaciones dedicadas a la expedición de documentos con una prisa que antes no existía para nada, y ha permitido que algunas de sus estructuras cercanas ofrezcan asesoramiento gratuito con la imagen del presidente al frente, como si se tratara de un regalo que hace el partido y no un derecho que otorga el Estado.
El objetivo es tan evidente que hasta da risa que lo nieguen. Quieren incorporar al menos un millón de nuevos ciudadanos antes de las próximas elecciones generales y esperan que nadie se dé cuenta de que cada nuevo pasaporte puede traducirse en un voto favorable. Como toda persona con nacionalidad española tiene derecho a inscribirse en el censo y a emitir su voto estas acciones responden a un cálculo muy preciso. Se busca incorporar un colectivo amplio que, en su mayoría, no reside en España, no conoce nuestra realidad cotidiana ni ha contribuido a la perdurabilidad de nuestros servicios, pero que recibe beneficios inmediatos y cuenta con el respaldo de quienes le facilitan el acceso a la ciudadanía.
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Resulta muy conveniente para quienes gobiernan contar con electores que no viven aquí y que no sufren directamente las consecuencias de sus decisiones diarias.
No se trata de rechazar a nadie ni de cuestionar sus orígenes, estamos hablando de exigir que las normas se cumplan tal como se aprueban y que no se usen como herramientas para asegurar resultados electorales. Esta alteración del censo puede cambiar el equilibrio de fuerzas en las próximas consultas y abrir la puerta a sospechas de manipulación, que dañan la imagen de la democracia española. El Gobierno habla de rigor jurídico pero lo único riguroso en este asunto es su estrategia para sumar apoyos donde antes no tenía ninguno.
En definitiva, lo que debía ser un acto de reparación y reconocimiento se ha convertido en una operación política calculada al detalle. Los socialistas ponen por delante sus intereses partidistas antes que el interés general y lo hace con una desfachatez que solo se ve en quienes creen que el resto de los ciudadanos no tiene capacidad de análisis. Esa es la realidad, y por más que intenten disfrazarla con discursos grandilocuentes, no van a conseguir ocultarla.
